lunes, 30 de octubre de 2017

Pena de muerte & política basura


Por Freddy Ortiz Regis

Hace unos días todos nos hemos sentido terriblemente impactados por la información propalada en los medios de que un padre había ultrajado sexualmente a su pequeña hija de solo dos meses de edad en la ciudad de Sullana.

Y tal como sucede con los buitres, que se alimentan de la carroña, los políticos populistas –respaldados por cierta prensa, también carroñera- comenzaron a frotarse las manos, diciendo: “Esta es nuestra oportunidad”. Y ahí tenemos, rodando ya por los medios, la intención del partido fujimorista de proponer un “proyecto de ley sobre la pena de muerte para violadores de menores de edad”.

Quienes tenemos una formación jurídica sabemos que la pena de muerte no tiene (por ahora) ningún futuro en nuestro ordenamiento constitucional por razones de derecho interno y externo. También sabemos, por los estudios que se ha realizado desde hace muchos años (y que se contraponen con los de reciente data), que la pena de muerte no es disuasiva para personas que sufren de desequilibrios de la personalidad y son incapaces de comprender el valor de la vida humana; lo que equivale a razonar que si no son capaces de valorar a otros, menos pueden valorar su propia vida y trascendencia.

A estos inconvenientes se suma que nuestro sistema de justicia no está en condiciones de procesar, con todas las garantías de un debido proceso penal, a las personas acusadas de un delito que pudiera desembocar en la aplicación de la pena capital. Tenemos un poder judicial con serias carencias logísticas y de formación, que no constituye una garantía de aplicación de los principios que inspiran a un estado democrático y de derecho, por lo que bastaría que tomase el poder un partido dictatorial para que sus enemigos políticos sean procesados por delitos cuyas sanciones sean la pena de muerte.  

Otro aspecto que abona a la oposición a la pena de muerte en nuestro país, además de los ya mencionados, es el impacto cultural que la pena de muerte produce en nuestra sociedad. Quitar, mediante una sentencia, la vida a una persona –por más canalla que ésta sea y por más abominable que sea el acto delictuoso- implica una renuncia de la sociedad a la posibilidad de reeducación e inserción de los marginados al sistema social. Otro impacto que se produce por la aplicación de la pena de muerte es el efecto de victimización sobre el delincuente. ¿Qué quiere decir esto? Que, gracias a los medios (los mismos que antes gritaban su crucifixión), la persona que ha sido condenada a muerte comienza a ser tratada como una víctima de la sociedad; pasa de ser el malo, al bueno de la película; se le hace todo tipo de entrevistas, reportajes sobre su vida, se generan (o inventan) leyendas sobre su personalidad y hasta comienza a ponerse en duda su culpabilidad; todo con el afán de incrementar las ventas y los niveles de audiencia.

Hace dos años, en uno de mis viajes a la ciudad de Cajamarca, tuve la oportunidad de visitar el cementerio de esta hermosa y vieja ciudad, en la cual se encontraron los mundos europeo e incaico. Entre los muchos nichos, tumbas y mausoleos, llamó mi atención uno en especial: era el mausoleo de un cajamarquino llamado Udilberto Vásquez Bautista, que fue fusilado en la década de los sesentas acusado de violar y asesinar a una menor de edad, y que en la actualidad es venerado religiosamente por la población. La historia del ahora llamado “Santo Violador” no la voy a contar en este espacio, y solo la traigo a colación para ilustrar cómo la pena de muerte –al menos en nuestro país- puede tomar características impensadas y hasta contraproducentes para el desarrollo de la personalidad de nuestros niños y adolescentes. 

Interior de la tumba de Udilberto Vásquez Bautista en el cementerio
general de Cajamarca.

Finalmente, cada vez que se produzca la violación de algún menor de edad, la política basura –al igual que la TV basura- aprovechará para treparse al carro de una opinión pública proclive a la venganza y a sancionar con la pena más grave lo que se le ha hecho creer que es el delito más grave. Con propuestas como la planteada por el fujimorismo, lo que se pretende es desviar la atención de la sociedad de delitos mucho más graves –como lo es la corrupción- hacia delitos que si bien son abominables por la naturaleza inocente de sus pequeñas víctimas, comparativamente son mucho menores (estadísticamente hablando) en proporción con los índices de corrupción que campean en nuestro país. ¿Alguna vez escucharemos a los políticos pedir la pena de muerte por eldelito de corrupción como sí ocurre, por ejemplo, en la China? Obviamente que nunca, a sabiendas de que la corrupción es la madre de todos los delitos, aquí y en la China. Así que si hay un hashtag que promocionar no es el de #PerúPaísDeVioladores sino el de #PerúPaísDeCorruptos

Antes de cerrar estas reflexiones acabo de leer en La República lo siguiente: “Tras los exámenes médicos realizados a la recién nacida, el Departamento de Medicina legal del Ministerio Público de Sullana determinó que la bebé, de iniciales D.Y.H.P., tiene infección vaginal por falta de higiene y descartó una violación sexual.

Saquen ustedes, amigos lectores, sus propias conclusiones y respondan a la siguiente pregunta: ¿Estamos preparados para condenar a muerte a alguien con una prensa amarillista, un sistema de justicia propenso a la presión política y mediática, y una opinión pública altamente manipulable?




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